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Acceso a la información: ¿Es México un modelo para el resto del mundo?

Submitted by on August 30, 2010 – 10:00 pmNo Comment

Las leyes de libertad de información – a veces llamadas leyes de acceso a la información – son reconocidas cada vez más como un importante mecanismo para empoderar a los ciudadanos a fin de mantener un ojo vigilante sobre las acciones de su gobierno. Durante la última década más de 70 países han aprobado leyes de acceso a la información y más o menos otros 50 estan debatiendo y proponiendo esta legislación. Las leyes de crear procesos que permitan a los ciudadanos solicitar información pública, por ejemplo, cómo el gobierno gasta dinero de los contribuyentes en la construcción de un hospital de la comunidad, o en las festividades de inauguración de un funcionario electo. Pero no todas las leyes son diseñadas ni aplicadas por igual. En algunos países las leyes están dadas, pero los empleados del gobierno no han sido capacitados sobre la forma de liberar la información al público. En otros países los trabajadores han sido capacitados, pero no hay organismos de control para hacer cumplir las peticiones de los ciudadanos si las agencias gubernamentales simplemente las ignoran. Es importante definir las mejores normas y prácticas de aplicación, de manera que puedan ser adoptadas por otros grupos.

En su serie de radio documentales del 2008 para la BBC sobre legislación acerca de la libertad de información en todo el mundo Laura Trevelyan frecuentemente señaló a México como un modelo para otros países.1 David Banisar, el autor de “Freedom of Information Around the World 2006: A Global Survey of Access to Government Information Law,” (Libertad de información en el mundo 2006: Un estudio global de las leyes de acceso a la información gubernamental) es citado diciendo:

México ha sido probablemente el país más ambicioso en las Américas, si no del mundo entero, con respecto a la libertad de información en los últimos cinco años. Crearon una comisión bastante grande y poderosa que tenía la voluntad política para imponer sanciones y exigir la entrega de información de una manera muy oportuna. Y crearon un sistema electrónico para que sea todo muy rápido y eficiente. Todo esto combinado creo que ha hecho de México un verdadero modelo para el resto del mundo.

Pero los activistas de la libertad de información aquí en México – tales como las organizaciones que conforman el Colectivo por la Transparencia – tienden a ser más explícitos sobre los problemas que les impiden conseguir información pública del gobierno a niveles municipal, estatal y federal. Un reciente artículo publicado en Milenio, por ejemplo, demuestra el incumplimiento que los funcionarios del gobierno del estado de Jalisco han presentado respecto a las solicitudes de libertad de información de los ciudadanos. El Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco ha puesto 44 denuncias contra funcionarios de los municipios de Acatlán, Tala y Cihuatlán, pero sólo uno de estos funcionarios fue detenido durante 48 horas y luego liberado bajo fianza. En el estado norteño de Coahuila el periódico Vanguardia comparó recientemente la información disponible en los sitios web de los municipios de Arteaga, Monclova, Parras y Ramos Arizpe. En los cuatro casos, los datos disponibles en los sitios web no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por la Ley Federal de México de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En Parras la información financiera municipal no ha sido actualizada desde principios de 2009. En Ramos Arizpe el sitio municipal lista los gastos, pero no incluye las descripciones de cómo se gastó el dinero. Esta información es reveladora, pero es difícil extrapolar de un estudio de sólo cuatro portales municipales. México cuenta con cerca de 2,500 municipios en total, hasta donde conozco no hay todavía una amplia investigación comparativa que analize los indicadores de transparencia de los sitios web y su impacto a nivel municipal en México.2

En la segunda parte del documental de la BBC “The Right to Know” (El derecho a saber) Robert Hazell observa que una vez que un gobierno aprueba una ley de libertad de información que no es políticamente viable de llevar, como los ciudadanos de pronto se dan cuenta de la importancia de solicitar información pública de su gobierno. Pero muchos gobiernos llegan a encontrar onerosas las leyes de acceso a la información. Las leyes requieren entrenamiento a los empleados del gobierno, recursos financieros para procesar las solicitudes e implementar servicios de gobierno electrónico, y a menudo terminan dando a conocer información que arroja una mala imagen al gobierno. En lugar de eliminar por completo la ley, Hazell ha observado varios patrones que limitan la aplicación y el impacto de estas leyes:

  1. Crear o aumentar las tasas por solicitudes de libertad de información. Esto ocurrió tanto en Irlanda como Australia, causando una reducción en el número de peticiones de libertad de información presentadas por los ciudadanos.
  2. Reducir el presupuesto y el personal de los organismos pertinentes, lo que luego retrasa los tiempos de proceso. Esto sucedió en los Estados Unidos bajo la administración Bush, según el ex presidente Jimmy Carter. Por ejemplo, en el Departamento de Agricultura el tiempo de espera para las solicitudes de libertad de información se alargó de un mes a dos años y medio.
  3. Citar mayores preocupaciones por la seguridad como razones para no entregar información pública, tal como se hizo en los Estados Unidos después del 9/11 y se está haciendo ahora en México en la lucha contra los traficantes de drogas.3

Alasdair Roberts, el autor de Restringido: Secretos de Gobierno en la era de la información, también señala que si bien estamos observando una difusión mundial de leyes de acceso a la información que permiten a los ciudadanos hacer responsables a los organismos gubernamentales, también somos testigos de una mayor privatización. En tanto las funciones públicas – como la gestión del agua pública, parques naturales, y el transporte – están dados a empresas privadas, están a salvo de los ojos de los organismos de control ciudadano y la sociedad civil.

La falta de reforma judicial es otro obstáculo para la efectividad del acceso a la información aquí en México, según observadores como Artículo 19 y Fundar, quienes recientemente distribuyeron un comunicado de prensa revelando cómo las decisiones del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de México le quitaron autonomía al Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Otros citan la corrupción en el sistema judicial de México para explicar por qué los políticos de alto nivel acusados de corrupción rara vez son juzgados y casi nunca encontrados culpables. La lista de políticos corruptos en este país es larga y a menudo recurrente. “Ulises Ruiz, Mario Marín, Luis Echeverría, Arturo Montiel, Elba Esther Gordillo, Marcial Maciel, César Nava, y Juan Camilo Mouriño” son sólo algunos de los nombrados por el columnista Rafael Mendoza Castillo … y por la mayoría de los taxistas que se pasan el tiempo repitiendo las quejas sobre la clase política de México. Pero para muchos mexicanos no hay ningún ejemplo mayor de corrupción e impunidad que el ex presidente Vicente Fox, el mismo hombre responsable de impulsar la visionaria Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en México. En el 2007 Fox le dio una entrevista a la revista de estilo de vida Quien, que mostró las ostentosas renovaciones a su rancho San Cristóbal desde que asumió el poder como presidente. Los periodistas desenterraron evidencia de que se usaron fondos públicos en las renovaciones y que la esposa de Fox, Marta Sahagún intercambió favores políticos por relojes de lujo y oportunidades de negocio para sus hijos. El senador de la oposición Ricardo Monreal presentó una demanda contra Fox por las acusaciones, pero en el 2009 el Tribunal Supremo encontró a Fox no culpable. 4Vicente Fox también ha sido acusado de sustracción de documentos oficiales de su mandato presidencial.

Además del reto de la reforma judicial, el estado caótico de los archivos de México presenta otro desafío para el proceso de entrega de información pública a los ciudadanos de manera oportuna y organizada. He escuchado anécdotas de los organismos gubernamentales entregando cajas de papeles sueltos, irrelevantes a las ONG que han solicitado una sola estadística o una pieza particular de información.

Hace dos semanas el Instituto Federal de Acceso a la Información de México celebró su séptima edición anual de la Semana Nacional de la Transparencia reuniendo a los socios nacionales e internacionales interesados en el tema de la transparencia y el acceso a la información para discutir el estado actual de las iniciativas de transparencia en México y toda América. En reconocimiento de la importancia de archivos bien organizados para satisfacer las expectativas de información pública a los ciudadanos, una sesión plenaria se centró en “la gestión de la información como un requisito previo para una administración eficaz y la transparencia”. Corrine Charette, Jefe de Sistemas de Información de la Secretaría de la Junta del Tesoro de Canadá, observó que la información pública se está expandiendo de forma exponencial mientras que los ciudadanos están cada vez más acostumbrados a la búsqueda de esa información, principalmente a través del uso de herramientas en línea.

La siguiente sesión prosiguió este hilo observando cómo los gobiernos están haciendo la transición del papel a archivos electrónicos con el fin de entregar información pública a través de Internet. Entre los oradores estuvieron Soledad Ferreiro Serrano, Director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile; Carlos Alberto Zapata, Archivista de la Universidad de la Salle de Colombia, y Aurora Gómez Galvarriato Freer, Director General del Archivo General de la Nación de México. Recomiendo enormemente la presentación de Soledad Ferreiro, “De la transparencia a la acción” como un ejemplo de cómo los órganos de gobierno puede combinar la información pública bien gestionada con herramientas de medios sociales para fomentar una mayor supervisión ciudadana y la interacción con la información pública:

Ferreiro ofreció a la audiencia tres recomendaciones concretas:

  • Crear estándares de web semántica para almacenar la información pública de manera tal que se pueda buscar de manera fácil y uniforme, y también para que pueda ser re-utilizados por los ciudadanos y programadores.
  • Usar escáneres y OCR para escanear, formatear, y publicar en formato electrónico tantos documentos en papel como sea posible.
  • Comisionar más investigación acerca de cómo los ciudadanos acceden y usan la información pública con el fin de mejorar el servicio.

DSC00428.JPGAurora Gómez Galvarriato Freer del Archivo General de la Nación de México hizo hincapié en que los archivos públicos son fundamentales para “la transparencia a corto como a largo plazo.” O, para decirlo de otra forma, los archivos públicos bien manejados son necesarios tanto para la transparencia gubernamental como para la representación exacta de la historia y la identidad nacional. El foco de su trabajo ha sido, cada vez más, pensar acerca de cómo desarrollar mecanismos para que los archivos públicos sean instrumentos para mejorar la gestión pública y lograr la rendición de cuentas. A continuación, le mostró al público fotografías de un gran almacén con montones de papeles esparcidos por todos lados y hace hincapié en que esta es la realidad de la mayoría de los archivos públicos en toda América Latina. “Hace cinco años”, dijo Gómez Galvarriato, “Estábamos luchando por desarrollar un mejor sistema para administrar nuestros archivos de papel. Hoy estamos luchando para desarrollar adecuados archivos electrónicos. Estamos tratando de convertir nuestro archivo en un sistema de información que construya un gobierno democrático”.

El Archivo General de la Nación de México no está solo en la lucha por la transición de grandes archivos de papel a archivos electrónicos que – esperamos – duren por siglos y milenios. El año pasado, Wayne Clough describió las numerosas consultas que el Instituto Smithsonian ha realizado con el fin de digitalizar con eficacia su colección de 137 millones de objetos. Otros expertos también han estado trabajando en el desafío. Los investigadores de la Escuela de información de la Universidad de California, Berkeley, también han estado investigando el uso de metadatos semánticos para archivos digitales. Cada año, la red de museos y portales culturales Culturemondo se reune para discutir los estándares web para archivos digitales y el uso de los medios de comunicación social para llevar la información pública a los ciudadanos. Los archivos públicos nacionales también podrían beneficiarse de tomar parte en tales discusiones. Por último, parece que el mayormente inactivo brazo filantrópico de Google, Google.org, podría desempeñar un papel importante al ofrecer asistencia de hardware y software a los archivos públicos que están desarrollando estrategias para digitalizar sus colecciones.

Gómez Galvarriato concluyó su presentación con una nota optimista, señalando que la aprobación de una propuesta de “Ley Federal de archivos” podría ayudar a proporcionar a los archivos públicos los recursos y poder de decisión para modernizar sus archivos digitales.

Incluso los críticos más duros de la aplicación por parte de México de la Ley Federal de Transparencia y  Acceso a la Información Pública Gubernamental, admitirán fácilmente que el país va en la dirección correcta en términos de acceso a la información y que el progreso ha sido mucho. Sin embargo, serios obstáculos – como los que hemos revisado en este post- deben superarse para que la transparencia y la rendición de cuentas funcionen como a ellos les gustaría. Además de la modernización de los archivos, la adopción de medios de comunicación social, la reforma al sistema de justicia, y la vigilancia permanente sobre la clasificación de seguridad de los documentos; los investigadores también señalan que las diferencias culturales tienen un fuerte impacto sobre los poderes que transforman las leyes de acceso a la información. En México todavía hay muchos ciudadanos que no sienten que tengan derecho a solicitar información pública de sus políticos. A fin de fomentar una cultura de transparencia y participación ciudadana, InfoDF acoge un concurso anual de ensayos que solicita ensayos de estudiantes universitarios sobre transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, y rendición de cuentas. En el plano internacional, la Red de investigación contra la corrupción también tiene la “Competencia de Investigación contra la corrupción“.

Hay otras razones para estar optimistas sobre el progreso del movimiento de acceso a la información en México. Organizaciones de la sociedad civil como Fundar y GESOC están aprendiendo cómo solicitar, analizar y presentar información pública de manera que se pueda reformar la política y exigir rendición de cuentas a los funcionarios y programas del gobierno. (Vea nuestro estudio de caso de los Subsidios al Campo de Fundar). GESOC recientemente ha lanzado Hazlo Transparente, un portal en línea con información pública relacionada con los programas de subsidios sociales). Estas organizaciones también han formado coaliciones como el Colectivo por la Transparencia y Derecho a Saber para abogar por una mejor acceso a las leyes de la información y su implementación. Para mantenerse al día sobre los avances y retos del acceso a la información en México, le recomendamos que se suscriba a las últimas noticias sobre ambos.

    Notas:

  1. Debo enfatizar que la serie documental de la BBC fue producida en el 2008. En los dos últimos años la India ha recibido mayor atención como modelo no sólo por hacer accesible la información sino por actuar sobre esta para lograr la rendición de cuentas. 
  2. La investigación más  exhaustiva del nivel de transparencia municipal en línea viene de la  “Métrica de la Transparencia en México” de  CIDE, (la fecha exacta del informe me es desconocida),  en la que se comparan los portales gubernamentales de las capitales de cada uno de los estados de México. Recomiendo la página 30 del informe para obtener una mejor idea de la importancia y el contexto de los indicadores en los que ellos se centran.
  3. Eduardo Guerrero Gutiérrez ha escrito el informe “Transparencia y Seguridad Nacional“, que fue financiado y publicado por IFAI. Él reconoce que el Estado es responsable de proteger tanto la seguridad de sus ciudadanos como su derecho a la información pública, y propone varias reformas legislativas para evitar la “sobre-clasificación” de los documentos protegidos por preocupaciones de seguridad nacional.
  4. Dos ejemplos de políticos de alto nivel que han sido declarados culpables de corrupción son el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz y Ricardo Gutiérrez, representante de México ante la Interpol. Ulises Ruiz todavía es gobernador de Oaxaca a pesar de las protestas constantes y Ricardo Gutierrez se encuentra bajo arresto domiciliario mientras espera juicio.

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